Ciudadanía: derechos y responsabilidades de mujeres y hombres jóvenes en un contexto de violencia estructural*

Citizenship: rights and responsibilities in young women and men, in a context of structural violence

Sergio Pacheco González
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México
sergio.pacheco@uacj.mx

Resumen

Asumiendo que el concepto de ciudadanía alude a derechos y responsabilidades, en este texto se presentan los resultados de una exploración realizada con adolescentes y jóvenes residentes en Ciudad Juárez con la intención de ilustrar posibles semejanzas y diferencias que pudieran asociarse a su condición etaria y de género. Para ello, primero se presenta una breve descripción de la violencia estructural presente en el contexto juarense, seguido de un sucinto perfil de las juventudes en Ciudad Juárez. En el tercer apartado se describen los hallazgos obtenidos en el trabajo de campo, para concluir con un apartado donde se elabora una reflexión sobre los mismos.

Palabras clave: violencia estructural, juventudes, Ciudad Juárez, derechos, responsabilidades.

Abstract
Assuming that the concept of citizenship refers to rights and responsibilities, this text presents the results of a scan performed with teenagers and young residents in Ciudad Juarez with the intention to illustrate possible similarities and differences, which could be associated to their age status and gender. To do this, first is a brief description of the structural violence present in the context of Juarez, followed by a concise profile of youths in Ciudad Juarez. The third section describes findings from fieldwork, to conclude with a paragraph, which produces a reflection on them.

Key words: structural violence, youth, Juarez City, rights, responsibilities.
Fecha recepción:   Noviembre 2014          Fecha aceptación: Mayo 2015

Introducción

1. La violencia estructural y el contexto juarense

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica, en su Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de 2002, que alrededor de 1.6 millones de personas mueren cada año en todo el mundo a consecuencia de la violencia autoinfligida, interpersonal o colectiva. La violencia constituye así una de las principales causas de mortalidad para la población entre 15 y 44 años de edad. Considerada un problema de salud pública, la OMS define a la violencia como:

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (2003, p. 5).
Por su parte, el Informe sobre la situación mundial de seguridad vial 2013, presentado por la OMS (2013), indica que cada año se pierden alrededor de 1.24 millones de vidas por causa de accidentes de tránsito y que “lesiones causadas por el tránsito son la octava causa mundial de muerte, y la primera entre los jóvenes de 15 a 29 años”. México se encuentra, como país tipificado de ingreso medio, entre los de mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito, estimadas en “20.1 por 100 000, en comparación con 8.7 en los de ingresos elevados y 18.3 en los de ingresos bajos” (3). Ya en el Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito (OMS, 2004) se señalaba que 3000 personas mueren cada día por causa de lesiones causadas por incidentes viales y que para 2020 se estima que “las lesiones causadas por el tránsito sean el tercer responsable de la carga mundial de morbilidad y lesiones” (2).
En 2002 y a nivel mundial, los hombres representaban 73 % de estas víctimas, con una tasa global que casi triplica la de las mujeres (27.6 por 100 000 hombres frente a 10.4 por 100 000 mujeres) y 70 % de los años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD), dato relevante si se considera el costo social y económico que representan las colisiones y lesiones subsecuentes. Al respecto la OMS calcula un costo económico en 1.5 % del producto nacional bruto en los países de ingresos medios y en 18 000 millones de dólares anuales el costo mundial.
El sitio web de la Organización Mundial de la Salud indicaba en agosto de 2012, con motivo de la prevención del suicidio, que en el mundo se suicidan casi un millón de personas al año, lo que representa una tasa de mortalidad de 16 personas por cada 100 000 habitantes. Además, este indicador se ha incrementado 60 % en los últimos 45 años, representando en algunos países la segunda causa de mortalidad en el grupo de edad de 10 a 24 años y la tercera en el grupo de 15 a 44 años. Indica también que los hombres jóvenes integran el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países en desarrollo e incluso desarrollados, con las tasas de mayor incremento. En su consideración: “El suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales” e identifica como factores de riesgo más comunes, el consumo de drogas legales e ilegales, las enfermedades mentales, el ejercicio de la violencia y los sentimientos o sensaciones de pérdida, las que se vinculan a contextos culturales y sociales específicos.

En México sucede una situación similar. Al respecto, indican Borges y otros (2010), las tasas de suicidio por 100 000 habitantes se han incrementado en 275 % entre 1970 y 2007. Para 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registra 5 012 suicidios, es decir, una tasa de 4.5 suicidios por cada 100 000 habitantes. En el mismo año, en el estado de Chihuahua se registraron 234 suicidios, para una tasa superior a la nacional de 6.9.
Los contextos son relevantes si se consideran, por ejemplo, las diferencias que presenta la disminución de las tasas de mortalidad por grupos de edad y sexo en América Latina y el Caribe con relación a los datos mundiales, donde se observa cómo es mayor la disminución de las tasas de mortalidad en mujeres y la tendencia inversa en los hombres jóvenes, a grado tal que la Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial (HDN, por sus siglas en inglés), en su informe La carga mundial de morbilidad: generar evidencia, orientar políticas (2013) señala que de 15 a 19 años incluso se incrementa la mortalidad en 1 % “en gran parte debido a la muerte por lesiones causadas por accidentes de tránsito y al aumento de la violencia en la región” (21). De hecho, datos del INEGI citados por la reportera Claudia Solera en el Excélsior del 20 de noviembre de 2010, dan cuenta de que “ser hombre y joven mexicano de entre 15 y 29 años eleva tres veces el riesgo de morir, en comparación con una mujer de la misma edad y similar en condiciones” (INPRO).

Durante los años de las violencias (2008-2012), los homicidios se extendieron a diversos municipios del estado de Chihuahua, destacando Juárez a nivel nacional e internacional. Así, de las 1 588 muertes registradas en el grupo de edad de 15 a 19 años en el periodo de referencia, 62.4 % se produjo en el municipio juarense. Considerando las defunciones por homicidios registrados por INEGI, se observa que el estado de Chihuahua pasó de registrar 518 casos en 2007, a sumar 19 962 entre 2008 y 2012, con un promedio anual de 3 992 personas victimadas, mostrando su mayor nivel en 2010 con 6 407. Ese año es también el de mayor número de pérdida de vidas en Juárez, con 2 918 de acuerdo a datos publicados por el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas (2913) de ese municipio, es decir 45.5 %.

Estos datos muestran que las tendencias hacen referencia no a situaciones particulares, sino a condiciones estructurales que se acentúan en poblaciones con mayores desigualdades y limitaciones en el acceso al ejercicio de derechos, como sucede en Ciudad Juárez, donde prevalecen condiciones de vulnerabilidad social, la que señala Sáenz Lorite:

Debe entenderse como el contexto, el caldo de cultivo para comprender el impacto de una catástrofe, de las crisis económicas, de los cambios en la estructura, de las poblaciones, de la reducción de los derechos humanos en un amplio sentido, cuyos efectos serán tanto más devastadores cuanto menor sea la capacidad de resistencia del individuo o la sociedad (2012, p. 10).

En la localidad de referencia, hablamos de la exposición a riesgos vinculados con factores socioeconómicos y de desarrollo no resueltos o no previstos, que se expresan en poblaciones marginadas, pobreza y expansión urbana con una creciente oferta de viviendas con la consecuente demanda de servicios, lo que mantiene en el rezago a asentamientos con mayor antigüedad y en los que el acceso de los jóvenes a la educación se encuentra seriamente limitado por la carencia de espacios en los niveles medio superior y superior. De igual manera, con el nuevo siglo se manifestó el desempleo creciente, condición desconocida en los años previos en una ciudad que contaba con pleno empleo.

La manera en que la actividad económica se incentivó en esta ciudad, aprovechando la amplia disposición de mano de obra barata y transportándola cuando no existía la suficiente reserva, manteniendo el salario mínimo como el ingreso base para el mayor número de trabajadores y trabajadoras en la IME, la provisión de vivienda de interés social con pequeñas dimensiones cada vez más alejada de los centros tradicionales de actividad comercial y de servicios, con un promedio de escolaridad equivalente a 9 grados de estudio, prefiguran el tipo de condicionamientos que Johan Galtung define como violencia, la que está “presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales” (1995, p. 314). Es claro que no son las características individuales las que sustentan la decisión de las personas para migrar del centro, sur y sureste del país, para incorporarse a una ciudad que ofrece oportunidades de empleo y plantea serias dificultades para la integración a su dinámica social, sin ignorar su clima extremo.

En este sentido, si bien desde sus inicios la IME ha sido cuestionada por las condiciones laborales que ofrece, las concesiones y ventajas fiscales que recibe, el origen de su capital y la limitada participación de insumos nacionales en sus productos, no se puede ignorar su papel como impulsora de muchas otras actividades productivas: transportes, servicios bancarios y financieros, agencias aduanales, construcción de naves industriales y viviendas, servicios bancarios y comerciales, entre otras. De igual manera, el desencanto con los resultados de la alternancia política y el desapego a la sindicación, estimulada cierto es por los administradores de la IME y la deficiente gestión de los sindicatos blancos y corporativos, han gestado una constante desafiliación de la ciudadanía con relación a las formas tradicionales de organización, que ha sido parcialmente cubierta por las organizaciones de la sociedad civil y las diversas confesiones religiosas. Mientras que la persistencia de rezagos en la pavimentación de calles y colonias, la provisión de seguridad y espacios de recreación y esparcimiento, generan una evaluación negativa sobre las autoridades político administrativas de los tres niveles de gobierno, de los legislativos y aún en contra del aparato de justicia, dados los altos niveles de impunidad que prevalecen en todo tipo de delitos.

Las condiciones anteriores prefiguran el escenario de lo que Galtung considera violencia estructural, aquella que "está edificada dentro de la estructura, y se manifiesta como un poder desigual y, consiguientemente, como oportunidades de vida distintas" (319-320). Este tipo de violencia se diferencia de la planteada por la OMS, entre otras cosas, en que no existe un actor a quien se pueda atribuir de manera directa la intención y el uso de la fuerza, por lo que la denomina violencia estructural o indirecta, para ilustrar lo que considera expresión de la injusticia social.

La Trabajadora Social y Magister en Ciencias Sociales, Gabriela Rotondi, plantea en su artículo Ciudadanía fragilizada: género y ciudadanía, la siguiente pregunta: ¿qué significado tienen las diversas formas de participación en la construcción de ciudadanía? (2003, p. 180). La interrogante hace referencia a la condición ciudadana de las mujeres, quienes han accedido de manera desigual y diferenciada a tal estatus. Para la autora: “La paradójica enunciación ‘mujer ciudadana’ suele entramparnos en una visión de las relaciones sociales como igualitarias, cuando en realidad se presentan específicamente desiguales y socialmente construidas” (Rotondi 2003, p. 169). En este caso, reformulemos la pregunta: ¿qué implicaciones tienen la vulnerabilidad y la injusticia sociales para la construcción de ciudadanía? Agreguemos una más: ¿cómo afectan las posibilidades de participación de las y los jóvenes? Al respecto, Tortosa y la Parra (2003) ofrecen elementos para entender de qué manera las juventudes son afectadas en el marco de la violencia estructural, en tanto esta:

…remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos sociales (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase u edad) en donde la distribución, el acceso o la posibilidad de uso de los recursos están determinados sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de la otra. La utilidad del término ‘violencia estructural’ radica en el reconocimiento de la existencia de un conflicto en el uso de los recursos materiales y sociales (2003, p. 242).

Más aún, las categorías listadas se asocian a la construcción de un enemigo social, un grupo de población que no se concibe como sujeto, sino que considerado un grupo en riesgo es transformado en uno de riesgo: “Género, clase, nación, ‘raza’, grupo de interés son los campos en los que suele aparecer un enemigo porque este satisface sus intereses de manera sistemática a costa del otro” (Tortosa, 2003, p. 180). En este sentido, indican Larraín y Rodríguez (1993): "La VE [violencia estructural] está presente en los sistemas políticos, económicos y sociales que mantienen la opresión de determinadas personas a las que se les niegan beneficios sociales, políticos y económicos, haciéndolas más vulnerables al sufrimiento y a la muerte" (202). Como señalan Pacheco y Pequeño (2011), estas son las condiciones que prevalecen en Ciudad Juárez con miles de jóvenes excluidos de la educación escolarizada, el trabajo formal justamente retribuido, la salud física y mental, así como del uso y aprovechamiento del tiempo libre, antes de convertirse en víctimas y victimarios: factor de riesgo para otras personas y para sí mismos.
El neoliberalismo se ha establecido en términos generales como dominante en el mundo, con efectos en el ámbito social que son plenamente reconocidos en América Latina, lo que permite a Rotondi señalar:

La discusión del concepto de ciudadanía está en el centro del debate sobre la cuestión social, es decir, en el medio de la controversia sobre el desempleo de largo plazo, la precarización del trabajo y las nuevas y viejas formas de la desigualdad. Nos enfrentamos, en las sociedades latinoamericanas, a la paradoja de sociedades democráticas con ciudadanos/as nominales o ciudadanos/as incompletos/as, es decir, falsos ciudadanos o que no pueden ejercer plenamente los atributos correspondientes a esa condición (2000, p. 176).

Si se considera que la forma legal y socialmente reconocida para obtener ingresos y mediante estos el acceso a bienes y servicios es el trabajo, que los salarios y prestaciones están relacionados con las capacidades, habilidades y experiencia alcanzados para su desempeño, entonces la situación en que se encuentran las y los jóvenes no es la más prometedora dadas las actuales circunstancias. Al respecto, Hernández Laos preveía, en Prospectiva demográfica y económica de México (2000), estudio preparado para el Consejo Nacional de Población, lo siguiente:

Se encuentra que, aún bajo escenarios relativamente optimistas de crecimiento, la economía mexicana no podrá generar suficientes empleos remunerados para el número de nuevos entrantes a la fuerza de trabajo esperados en el horizonte de prospectiva (2015), y que aunque la incidencia relativa de la pobreza y de la pobreza extrema podría reducirse, el número absoluto de personas en condiciones de carencia podría aumentar considerablemente en el futuro mediato, de no presentarse un crecimiento económico acelerado o un proceso paulatino de redistribución del ingreso de los hogares (sp).

Así, 1.1 millones de personas adicionales buscarán colocarse anualmente en el mercado de trabajo, por lo que la economía mexicana tendría que habilitar un número equivalente de empleos (Hernández, 2000:s.p.), objetivo que ha sido pretendido mas no alcanzado por los titulares del ejecutivo federal desde el año 2000. Además, en este contexto se produce la transición de un entorno económico donde prevalecía una tasa de ocupación laboral cercana al pleno empleo, a un periodo que registra la pérdida de miles de empleos:

En el municipio de Juárez en octubre de 2000 se registraban 434 349 asegurados en el IMSS, de los cuales 295 557 se encontraban en la industria de transformación representando 68.1 % del total de asegurados y 67.2 % del total de los asegurados en la industria a nivel estatal. Esta fue la época de mayor expansión del empleo maquilador ya que en años posteriores se verían los efectos de la desaceleración económica de Estados Unidos.
Para Junio de 2003, los asegurados en el IMSS para el municipio de Juárez eran 329 470 y para la industria de la transformación 198 071 asegurados, estos representaban 60.1 % del total de asegurados en el municipio, en menos de tres años se perdieron 104 879, de los cuales 97 486 correspondían a la industria de la transformación, es decir, 92.9 % de los empleos que se perdieron eran maquiladores (IMIP-Secretaría de Desarrollo Industrial, s.a., p. 25).

A partir de 2008, los asesinatos de hombres y mujeres se acrecientan en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, estrategia gubernamental para enfrentar la delincuencia organizada y el narcotráfico. Tan agresiva es la intervención de las fuerzas de seguridad y del ejército, que en el periodo de enero de 2008 a julio de 2012, solo se tienen 101 días en los que no se hubieran presentado homicidios, destacando el año 2010, que solo tuvo siete días sin registrar estos hechos de sangre. 

Esta perspectiva se comprende de mejor manera si se toman en cuenta los datos aportados en el informe La Infancia Cuenta en la Frontera Norte 2008, en el que se destacaba una mejoría en el indicador que hace referencia al homicidio de adolescentes: “Chihuahua es el estado peor clasificado con una tasa de 15.6 adolescentes asesinados por cada 100 mil. Esta cifra es más del doble de la media nacional (5.7), sin embargo, ha disminuido de 22.2 en 2000, a 15.6 en 2005”. (Martha Elba Figueroa, El Diario, 12 de septiembre de 2008). Esta disminución se vio alterada y revertida a partir de 2008, de manera que de 2008 a 2011, se registran 1 121 homicidios de menores de 19 años, representando los jóvenes de 15 a 19 años el 88 % de los casos. Este hecho es de la mayor relevancia tratándose de jóvenes, sobre todo en condiciones como las prevalecientes en esta ciudad, similares a las señaladas por Krauskopf:

En el riesgo estructural incluimos 1) la emigración y transculturización juvenil como modalidad de expulsión por falta de oportunidades, 2) los entornos riesgosos, desprotegidos, bélicos, criminalizantes; 3) los territorios donde la identidad positiva del colectivo es denegada socialmente; 4) las carencias de espacios para la incorporación de habilidades y destrezas para la progresión de la calidad de vida y la incorporación social; 5) la carencia de espacios de expresión y participación juvenil legitimada; 6) la calle como espacio fundamental de socialización y aprendizaje; 7) la percepción social estigmatizada de lo juvenil; 8) la estigmatización de pobreza y violencia juvenil como delincuencia; 9) la resocialización en la cárcel; 10) la ausencia de instituciones de protección y desarrollo (2006, p. 27).

El feminicidio, el asesinato de mujeres realizado por hombres como un acto de poder posibilitado por las condiciones históricas, sociales y culturales que han favorecido la desigualdad en las relaciones de género, es un hecho innegable en Ciudad Juárez, como lo es en diversas entidades de México, que demanda acciones preventivas y, sobre todo, justicia. No obstante, no debe ignorarse que algunos hombres se matan entre sí construyéndose como tales y que son ellos quienes ejercen violencia en contra de las mujeres y de otros hombres. Por ejemplo, Ravelo y Sánchez apuntan:

Este fenómeno de la misoginia (que no es exclusivo de este lugar) hace de Ciudad Juárez un lugar de riesgo y peligro permanentes. A esos asesinatos hay que agregar los de hombres, los cuales pueden darse en una proporción de tres a uno con respecto a los de las mujeres, aunque sobre estos asesinatos hay poca investigación pese a las cifras que se manejan de muertes violentas donde el grado de violencia homicida en esta región es alto (2007, p. 221).

Sin duda, estas observaciones son desbordadas por los hechos recientes, como lo son las primeras elaboraciones que desde el gobierno municipal se realizaron a fin de entender el fenómeno de las pandillas. Al efecto, el efímero Instituto Municipal de Seguridad Pública, señala en su Estudio sobre pandillas:

Las edades de los jóvenes que participan en este tipo de organizaciones oscilan entre los 10 u 11 años, y pueden llegar a permanecer en ellas hasta los 25 años. Son por lo general jóvenes que dejan la escuela y cuyos grados de escolaridad no superan el nivel Secundaria, en pocos casos son jóvenes que han iniciado la educación media superior, pero que igualmente no la concluyen. La principal razón por la que dejan de asistir a las instituciones educativas es la suspensión permanente que dichas instituciones les otorgan como sanción por su mal comportamiento. Después de eso, sus oportunidades de ingresar nuevamente a una formación académica son prácticamente nulas (2004, pp. 7-8).

La problemática actual que se vive en Ciudad Juárez obliga a considerar una multiplicidad de factores para atender y explicar las condiciones de violencia estructural que enfrentan los jóvenes por la falta de oportunidades escolares, laborales y la carencia de espacios de recreación como se analiza en el estudio Ejercicio de la masculinidad en jóvenes juarenses y sus condiciones de riesgo en un contexto de violencia estructural (2010), llevado a cabo en cuatro áreas de bajos recursos de esta ciudad. Abordemos ahora lo que expresan los y las jóvenes.

2. Los y las jóvenes en Ciudad Juárez
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI), en el Municipio de Juárez se concentra 39.1 % (1 332 131) de los 3 406 465 habitantes del estado. De 1995 a 2010, el porcentaje de jóvenes ha disminuido quinquenio tras quinquenio, pasando de constituir 33.1 % de la población en 1995 al 26 % para 2010. La caída más notable se produjo en el año 2005, cuando disminuyó 4.26 puntos porcentuales con respecto al quinquenio previo. No obstante, el número de jóvenes se incrementó de 333 537 en 1995 a 355 108 en el año 2000 para descender a 337 421 en 2005 y a 329 327 en 2010. Es decir, en este último año la población de 15 a 29 años representó solo 98.7 % de la que se registraba en 1995, siendo mayor la cantidad de hombres en todos los periodos. En Ciudad Juárez, su cabecera municipal, en 2010 residían 1 321 004 personas, que representaban 99 % del total de habitantes en el municipio. La población joven entre 15 y 29 años se incrementó en 6.9 % de 1995 a 2000, para descender en 2005 en 4.5 %. Estos datos son relevantes, tomando en consideración la pérdida de vidas de hombres y mujeres jóvenes en el tiempo espacio de las violencias.
En materia de incidentes viales, como indica el Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadanas del Municipio de Juárez, “tal y como se presenta en otros países, son los hombres entre los 15 y los 44 años quienes son responsables de la mayor parte de incidentes” (2013, p. 6), siendo estos “una de las 10 primeras causas de mortalidad general y la primera causa de mortalidad para niños de 1 a 14 años en el municipio de Juárez” (10). Con relación a los suicidios, estos se presentan en el periodo 2009-2012, para este municipio, a partir de los 10 años de edad, contabilizando 113 casos (91 hombres y 22 mujeres), representando 39.8 % del total en el periodo, con una razón de 5 hombres en promedio, por cada mujer (tabla 5) de acuerdo al Observatorio con datos de la Jurisdicción Sanitaria II.

Como ya se indicó, Ciudad Juárez ha sido identificada como el lugar donde se presentan los feminicidios. No es objetivo de este trabajo ahondar en esta condición, pero es pertinente aproximar una mirada a la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en este contexto y del cual se destaca el antecedente de la creación, el 18 de febrero de 2004, de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, teniendo entre sus objetivos:

Promover ante las instancias correspondientes, en lo que respecta a la materia del presente Decreto, el acceso efectivo de las víctimas a una justicia integral, que comprenda, entre otras, investigación y sanción a los responsables, reparación del daño y adopción de medidas para evitar la repetición de los hechos y garantía al derecho a la verdad (DOF, 2004: Artículo Segundo, Fracción II). 
Esta comisión es sustituida, a partir del 1 de junio de 2009, por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que tiene la responsabilidad de coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia en el país, cumplir con los compromisos internacionales signados por México y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como se indica en su página web (http://www.conavim.gob.mx/es/CONAVIM/Quienes_Somos).
Diversas organizaciones se han ocupado de prevenir, atender y dar seguimiento a esta problemática. Recientemente, el 26 de marzo de 2012, el Centro de Justicia para Mujeres en Ciudad Juárez (CJMJZ) entró en funciones, y al igual que los otros centros existentes en México, “se creó en respuesta a la falta de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres en nuestro país con el fin de atender de manera integral a las víctimas de violencia”. En este sentido, los datos del CJMJZ que presenta el Observatorio indican que “en el rango de edad de los 16 a 45 años, 60 mujeres de cada 10 000 residentes en Juárez sufren algún tipo de violencia de género, destacando como grupo de edad más vulnerable el de 26 a 35 años, con una tasa de 70 mujeres por cada 10 000” (2013, p. 43). Le sigue el rango de edad de 16 a 25 años, con una tasa de 55 mujeres por cada 10 000.

En materia de educación, el porcentaje de absorción en secundaria (egresados del nivel primario que logran ingresar al inmediato superior) en el ciclo escolar 2012-2013 para el estado de Chihuahua es de 93.6 %, menor al promedio nacional (96.9 %) y solo superior a Chiapas (90.0 %) y Guerrero (92.6 %), mientras que su cobertura representa 91.4 %. De igual manera, es considerado un estado con eficiencia terminal baja (83.1 %) y abandono escolar alto (5.6 %); en ambos casos los hombres registran los datos más desfavorables: 79.5 % de eficacia terminal frente al 86.8 % de las mujeres, mientras que el abandono en hombres es del 6.9 % y de 4.2 % en mujeres (SEP, 2013).

Como se puede observar, hombres y mujeres jóvenes enfrentan condiciones adversas en algunos rubros, expresión de las dificultades de acceso al ejercicio de derechos. Como se ha descrito, la violencia estructural constituye el contexto de vulnerabilidad social en que los habitantes de esta ciudad realizan su vida cotidiana. En el caso de Ciudad Juárez, los años de las violencias han implicado una mayor vulnerabilidad para los jóvenes. En este sentido, dos de los aspectos indicados por Krauskopf se muestran claramente en el presente juarense: entornos riesgosos, desprotegidos, bélicos, criminalizantes, en los que la identidad positiva del colectivo es denegada socialmente. Destaca el hecho de que esta violencia estructural se observa no solo en quienes se encuentran excluidos de la atención a la salud, el acceso a la educación o al trabajo. Los entornos riesgosos y la desprotección aluden también a la ausencia de redes familiares y sociales de apoyo, la inseguridad ciudadana, el ejercicio de la violencia física y verbal, la exposición directa e indirecta a las diversas modalidades de violencia interpersonal, comunitaria y colectiva. Con relación al colectivo, identificado como un grupo de riesgo, se va desarrollando estereotipos que algunos de sus miembros parecen asumir como propios.

En este sentido se entienden algunas de las expresiones realizadas por adolescentes y jóvenes de ambos sexos, cuando se les preguntó por sus derechos y responsabilidades en los talleres realizados en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en un Centro Comunitario Municipal (CCM) y en una Secundaria Técnica de la localidad. En esta, estudiantes realizaron el guion, los muñecos y la representación de una obra con títeres, que permite aproximarnos a sus imaginarios. En el CCM se realizó un taller el 25 de noviembre de 2011, en él participaron ocho jóvenes que integraron un grupo de cinco mujeres y tres hombres, con edades entre los 16 y los 23 años, estudiantes que desarrollan actividades de apoyo en el CCM, como becarios o prestadores de servicio social de un Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) y de dos institutos de la UACJ y uno del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), habitantes de las colonias Independencia II, Revolución Mexicana, Oasis Revolución y México 68, del poniente de la ciudad. El 25 de octubre de 2012 se trabajó en la UACJ con estudiantes de licenciatura, integrando un grupo de seis mujeres entre los 21 y los 27 años de edad y otro de cinco hombres con edades entre los 22 y los 27 años de edad. En la secundaria se trabajó con 32 alumnos con edades entre los 13 y 14 años, residentes de las colonias Pancho Villa, Aztecas, Jarudo. El taller se realizó el 16 de enero de 2012 y el taller de títeres de febrero a mayo de 2012. El 4 de junio se presentó la obra en las instalaciones de la escuela.

3. Sus derechos y responsabilidades
En el caso de los jóvenes del CCM, las concepciones expresadas en relación a sus derechos y responsabilidades hacen referencia tanto a patrones de género con predominio masculino como al reconocimiento de ciertas atribuciones que insinúan algunos incipientes cambios. Para este ejercicio se integraron dos equipos, uno formado por mujeres y otro mixto. Mientras en el primero se apela a la equidad y el acceso a espacios de actividad dominados por los hombres, en el segundo se manifiesta un posicionamiento donde la homofobia y el predomino masculino siguen presentes. Por ejemplo, las mujeres expresan su convencimiento de que sus derechos implican, entre otras atribuciones, el tener acceso a estudiar carreras y tener trabajos de hombres, especificando el acceso a puestos de mando. Identifican la igualdad de género y el derecho a la diversión, lo que a su vez significa transgredir otros espacios usualmente considerados masculinos, como ya han documentado entre otros Balderas (1999) y Zermeño (2004). Tener un hogar es otro derecho al que hicieron referencia. Como sus responsabilidades mencionaron las labores del hogar, la atención a hijos y marido, ser atenta y comprensiva, educarse, darse a respetar y trabajar si se requiere, lo que hace pensar que se considera como primera opción que el hombre trabaje y provea, mientras ellas asumen las labores domésticas, las de cuidado y atención. Como responsabilidades de los hombres identifican, además de trabajar, dar amor, ser caballerosos y respetuosos, aspectos vinculados a lo que se ha denominado nuevas masculinidades, como el hacer labores del hogar, cuidar y educar a los hijos y reconocer la igualdad de género. Es interesante que entre los derechos de los hombres consideren el expresar sentimientos, ser tratado igual que las mujeres, expresar su preferencia sexual y el tener un hogar. Además del acceso a la educación, tener trabajo y derecho a la diversión.
El equipo mixto plantea algunas diferencias. Al referirse a los derechos de las mujeres se registran algunos atributos tradicionalmente asignados a las mujeres: ser femeninas, planchar, lavar y cocinar. Otros resultan significativos en el contexto local. Por ejemplo, el derecho a vivir, propio de todo ser humano, al ser planteado por jóvenes en una localidad en estado cuasi bélico y criminalizante, donde las y los jóvenes son víctimas de diversas manifestaciones de violencia, adquiere un énfasis a destacar, como el derecho a tener hijos y a guardar silencio. En el mismo sentido, llama la atención que entre las responsabilidades de las mujeres se mencione el soportar agresiones y guardar silencio. La mirada negativa se refuerza con la exclusión, cuando indican las responsabilidades de no estudiar y no trabajar. Otras son de tipo tradicional: criar bien a los hijos, lavar y cocinar. La tensión presente entre las y los participantes del equipo mixto se observa de manera más clara cuando se mencionan las responsabilidades y derechos de los hombres. De las primeras se destaca una mirada masculina dominante y homofóbica, si se acepta que los hombres deben mantener a su familia, evitar llorar, no aceptar homosexuales y dar buen ejemplo. Los derechos de los hombres comprenden el vivir y el acceso a trabajo digno, dos demandas constantes. Desde la masculinidad estereotipada se menciona el ser mujeriegos, tomar en exceso, agredir y ser machista. Con estas atribuciones en mente, la diversión adquiere otra connotación. Se registra el derecho a la religión, una libertad que en su ejercicio en esta ciudad ha posibilitado el establecimiento y crecimiento de diversas confesiones religiosas, que han aportado sus doctrinas y creencias para prevenir la violencia y ofrecer consuelo, como en otras épocas contribuyeron a la movilización social y la participación política.

Con los universitarios se trabajó con una técnica que permitió que las y los jóvenes expresaran de manera individual qué les gusta y qué les disgusta de ser jóvenes. Sus juicios permiten contrastar sus perspectivas individuales, así como comparar las aproximaciones de mujeres y hombres. Con este fin, se analizan casos particulares y se identifican los tópicos que son abordados a partir de la sobrelexicación o proliferación de términos (Molero, Romero y Cabeza, 2003) de que hacen uso para referirse a su ser jóvenes. Se muestra el arreglo de conceptos que originalmente se redactaron sin guardar mayor orden que distinguir un adentro (lo que me gusta) de un afuera (lo que me disgusta). El primer caso, una mujer de 21 años manifiesta, al identificar lo que le gusta y disgusta de ser joven, una clara congruencia, se asume como actor capaz de decidir por sí misma y a la vez sujeta a prejuicios. Otra joven de 22 años se identifica con la novedad, la espontaneidad, la movilidad y su distanciamiento de la rutina, mas no deja de evidenciar las contradicciones de su estatus: puede ser independiente y trabajadora, pero tiene que acreditar constantemente su existencia legal o personalidad jurídica por los prejuicios existentes y quizás por la condición compartida con otras y otros de vulnerabilidad y temor, por ello su discurso sobre lo que le disgusta es una constante referencia al nosotros.

Disfrutar esta etapa de vida, de la ansiedad del descubrimiento, reconocerse en la belleza de la juventud y con la ganas de experimentarlo todo, del enamoramiento a la plenitud del amor en sus diversas facetas, constituyen para una estudiante de 24 años la contraparte de lo que reconoce y aprecia, pero también de lo que considera carecer: la sabiduría y la experiencia. La primera la observa en adultos mayores y niños, la segunda porque evidencia sus desasosiegos. Se manifiesta conforme con las ventajas que ofrece su núcleo familiar, pero no con algunos efectos bilógicos de ser mujer, pues no todas las personas lo comprenden. Esta comodidad que ofrece la pertenencia y permanencia en la familia posibilita también que algunas personas puedan considerar que todo sea más fácil, puedan realizar actividades recreativas y no verse en la necesidad de trabajar, lo que posibilita, entre otras cosas, brindar al organismo horas de descanso, bajos niveles de estrés y mayor salud mientras se accede al estudio. Estas ventajas implican, como muestra una joven de 26 años, su contraparte: irrespeto, depender de la familia y el reconocimiento de que en el orden vigente se tendrán que asumir responsabilidades, entre ellas, trabajar.

Para otra estudiante de 26 años, algunos atributos son comunes, como la posibilidad de experimentar más destinos, tener pocas responsabilidades o el aprendizaje posible cuando algo interesa. La juventud como etapa pasajera: se ubica en el cuerpo “porque el tiempo pasa muy rápido, ja, ja, y pronto dejaré de serlo”; y relativa al contexto: y también se concibe en las limitaciones que el medio: “No me gusta ser joven en este momento porque vivo en un mundo muy restringido, no hay mucha seguridad ni libertad de expresión”.

Ser asertiva, capaz de tomar decisiones, con trabajo estable y ser estudiante son algunas cosas que le gustan a otra universitaria de 27 años, a la que gusta hacer cosas diferentes, jugar, “coleccionar tesoros simples” y ser alegre. Al asumirse se distingue, al hacerlo confronta como disgusto la represión, la doble moral, la vigilancia bien y malintencionada, así como la intervención en su vida por considerarle vulnerable, condición que no obstante, reconoce: “Descubrir que las personas me ven aunque yo no logre percibirlo a menudo y que ello me ponga en situación de riesgo”. 

La perspectiva de los jóvenes universitarios consultados ofrece similitudes y diferencias. Por ejemplo, un estudiante de 22 años destaca su disgusto por el prejuicio, la falta de oportunidades, el miedo, el odio e incluso lo que considera la instrumentación de “políticas públicas en contra” de los jóvenes. En cambio, valora la inmadurez y la impulsividad, como signos de aquella actitud que no se conforma con lo que se le(s) ofrece. En ese sentido, el tiempo en que se vive y del que se dispone se tiene en alta estima, pues es posible disfrutar de hechos o cosas sin aparente relevancia que en otro tiempo y bajo la sombra de la madurez no son necesariamente permisibles, como la alegría o la expresión de sentimientos.

Dado el tiempo de vida y el por vivir, recuérdese que en cierto sentido cuando se es joven todo está por-venir, las capacidades físicas e intelectuales constituyen un patrimonio que idealmente, contando con pocas responsabilidades, ofrece la posibilidad de planear y plantearse sueños, con una amplia gama de probabilidades que permiten, además e hipotéticamente, cambiar el rumbo si es que se requiere o desea. No obstante, ese patrimonio es insuficiente en un orden donde el consumo es emblemático y el capital monetario es cuasi indispensable. Carecer de este pudiera significar “no tener un lugar en la vida”.
Para un estudiante de 26 años, el futuro y el pasado son factores que se anudan en su presente: el futuro no es relevante y no importa cuáles consecuencias se produzcan por lo que ahora se hace, pero es causa de disgusto el tener que responder (ergo responsabilizarse), de los problemas derivados del pasado y de aquellos que habrá que enfrentar en el porvenir, incluso como obligaciones del vivir juntos: “trabajar, comportarte, vestir, todo aquello que ‘dice’ la sociedad que está bien”. De igual manera, el gusto por la libertad se enfrenta a las dificultades para expresar libremente “nuestros ideales” y desarticular los estereotipos.

El futuro tiene una concepción distinta en un joven de 27 años, que prevé “sembrar cosas hoy para cosechar mañana”. Esta cosecha contempla como probabilidad cambiar el mundo, el derecho a ser idealista y a sustraerse a la influencia del dinero, reconociendo que para ello se enfrentan condiciones adversas que los círculos de poder cerrado, la corrupción y las autoridades plantean a quienes estereotipan: “el creer que ser joven es igual a ser delincuente”. Por sí mismos, algunos atributos del estereotipo son motivo de disgusto, como las armas y las drogas. No obstante, se resiente “la falta de compromiso de los jóvenes por los demás” y en cambio considerar recibir beneficios sin esforzarse para hacerse acreedores a ellos. En este sentido se entienden mejor las implicaciones de lo que significa “trabajar por lo que quiero”. En el ejercicio de la libertad e independencia se vale equivocarse y arriesgarse al fracaso, concibiendo el vivir como la actividad que se resiste a la rutina y propicia con la experiencia el aprendizaje.

A otro joven universitario le agradan las condiciones físicas e intelectuales que suelen atribuirse a la juventud, como también la posibilidad que el horizonte de vida permite imaginar y que ofrece la oportunidad de plantearse metas a corto y largo plazo. Obra en contra una posible discapacidad, la ignorancia, la inexperiencia y la debilidad emocional.

La experiencia con las y los adolescentes ofreció un discurso distinto, pero no ajeno a las preocupaciones hasta aquí señaladas. Destacan las connotaciones de carácter sexual, la tensión entre hombres y mujeres, el lenguaje violento en las y los participantes con énfasis en la subordinación de las mujeres. Se declaran también por el acceso a derechos fundamentales como tener padres, educación, alimentación y salud. Incluso haciendo del futuro un presente al incluir el derecho al trabajo. Para recabar sus opiniones se utilizaron dos estrategias grupales. En la primera se utilizó la técnica del navío, pidiéndoles que en cada ocasión que les correspondiera el turno de participar mencionaran en las sucesivas rondas a qué tenían derecho o bien cuáles eran sus responsabilidades. Los participantes podían preguntar libremente por derechos o responsabilidades.

La identificación de derechos se podría clasificar en tres dominios centrales. En el primero, se contemplan al menos cuatro fundamentales en el contexto juarense: el derecho a la vida, a una familia, a un hogar y a tener padres. En el segundo, el acceso a alimentación, salud, vestido, educación, diversión y trabajo, expresan demandas sociales insatisfechas en la localidad. En el tercero, se incluyen los llamados a diversas libertades: de expresión, religión, sexual, tener pareja y privacidad. Como se puede observar, derechos que usualmente se podrían asociar a la experiencia de la adultez, son incorporados a los derechos fundamentales que no distinguen en su ejercicio edad, raza o sexo. Que se les mencione entre las y los adolescentes habla de su visión de futuro, pero también y de manera relevante de lo que observan en su experiencia cotidiana. Un ejemplo de su condición de estudiantes: el derecho a presentar examen.

Se refuerza la influencia de su condición de estudiantes en la identificación de sus obligaciones: asistir a la escuela, puntualidad, ser ordenado, cumplir con tareas, respetar reglas, tener buenas calificaciones y no zorreársela, entre otras más. Es decir: orden, reglas y cumplimiento de sus preceptos predominan ampliamente su concepción de sus obligaciones, estas son tales porque no hay opción. El incumplimiento genera conflictos asociados al riesgo siempre presente de ser sujetos de una amplia gama de sanciones posibles. Tres obligaciones se distinguen al estar relacionadas con la salud preventiva: higiene personal, alejarse de las drogas y usar condón, esta última particularmente podría referirse a actividades escolares de información preventiva en materia de sexualidad, no obstante como se muestra a continuación, parece estar más relacionada con un discurso con fuerte contenido sexual presente en este grupo de población, situación que advirtieron también en una experiencia previa Pacheco y otras (2010).

Con la finalidad de ahondar en la concepción de derechos y responsabilidades de hombres y mujeres, se organizaron tres grupos: uno mixto, uno integrado solo por hombres y otro solo por mujeres. Se les pidió que expresaran cuáles eran los derechos y cuáles las responsabilidades de hombres y mujeres. En el grupo mixto, los estereotipos de género y las referencias sexuales son dominantes tanto al hablar de derechos como de responsabilidades. Es de hacer notar el posicionamiento que se insinúa al hablar de los derechos de las mujeres: vestirse como se quiere, divertirse, ser respetadas y no ser presionadas con relación al ejercicio de su sexualidad. Con relación a este último, la responsabilidad de cuidarse ofrece al menos dos lecturas: ejercer su sexualidad responsablemente o, bien, no suponer que el otro sea cuidadoso y responsable. En el caso de los hombres, su mención a la idea de compartir labores de cuidado de los menores y del hogar, ofrecen una nueva injerencia del mundo adulto, que pareciera no ser para algunos(as) muy lejano.

En el grupo de hombres, las referencias sexuales y la subordinación de las mujeres a patrones esencialistas y sexistas, se aúnan a derechos fundamentales y beneficios derivados de un posicionamiento dominante por parte de los varones. Así, las mujeres tienen el derecho de ejercer una amplia habilidad en el ejercicio de su sexualidad en beneficio de estos hombres, que se disponen a ser respetados, atendidos y alimentados por las responsables y trabajadoras mujeres. Esta última característica es para las mujeres, por si fuera menester precisar, su derecho y su responsabilidad. Los hombres tienen identificadas sus responsabilidades en los ámbitos de la escuela, el trabajo, la casa y su cuerpo. Sus derechos, además de los beneficios indicados, se enuncian desde el tener y la libertad para hacer, el hedonismo parece ser dominante: comer, dormir, sexo y diversión son algunas de sus expresiones. No es posible precisar si en ello reside la felicidad a que hacen referencia, junto con los derechos a convivir, la privacidad, la educación y el respeto. Sus responsabilidades, como se indicó, involucran diversos ambientes y estos, se deduce, plantean sus propias exigencias, descentrando al individuo como de su propia satisfacción.

Por su parte, las mujeres reiteran responsabilidades tradicionalmente atribuidas a hombres y mujeres. En sus derechos se presenta el tener familia, hogar, novios y nombre propio, así como el acceso a la libertad, la privacidad y la vida. Su afirmación manifiesta consiste en ser amadas y respetadas. Esto no pareciera aplicar para otras mujeres: las suegras, que representan para la mayoría de ellas, aunque no lo perciban en ese momento, su probable posición en el arreglo familiar futuro. Ser mantenidas y tener sirvienta son derechos que reiteran posiciones diferenciadas entre varones y mujeres, y no obstante identificar como su derecho el trabajo. Estas expresiones no son generalizables y deben ser tomadas considerando el contexto en que se produjo la interacción, así como la mutua influencia entre las y los participantes. No obstante, resulta sintomático que en la sesión colectiva posterior a estos ejercicios y ante la manifiesta ignorancia que el investigador tenía del uso de algunas de las expresiones utilizadas para hacer referencia a las prácticas sexuales, fuesen las mujeres quienes se apresuraran a definirlas y explicarlas. Es decir, expresa un discurso común que forma parte de la experiencia de comunicación que ejercen entre sí hombres y mujeres. No se juzga ni presupone que estas expresiones aludan a prácticas que efectivamente realicen las y los adolescentes, lo que sí parece indicar es una sobreexposición a mensajes que hacen referencia directa al ejercicio de la sexualidad y que su acceso está siendo facilitado y/o permitido.

4. Conclusión
Como se puede observar, la posición que se ocupa en el arreglo social, las características del medio en que se desenvuelven las interacciones y el contexto socioeconómico en el que se producen estereotipos e imaginarios, delinean las pautas que guían la participación de las y los jóvenes en la construcción de ciudadanía. La reiteración de mandatos de género donde los varones se muestran dominantes, receptores de beneficios y a regañadientes responsables de algunas labores de cuidado; el reconocimiento y disfrute del vigor, la belleza y las ventajas de no ser adulto se complejizan y contradicen con las demandas de reconocimiento. La certidumbre de situarse en condiciones de riesgo y ser situados como grupo de riesgo, problematizan la participación ciudadana y la construcción de una ciudadanía fincada en el compromiso mutuo.

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